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Ciudad de Panamá, 27 de mayo 2026. Panamá endureció esta semana las sanciones contra las estafas y los fraudes digitales, en respuesta al aumento de delitos económicos que en los últimos años han afectado tanto a ciudadanos como a instituciones públicas y privadas.
La reforma al Código Penal, promulgada mediante la Ley 524 del 26 de mayo de 2026 y publicada en la Gaceta Oficial, introduce nuevas agravantes para quienes obtengan beneficios económicos ilícitos mediante engaños, especialmente cuando se utilicen herramientas tecnológicas, usurpación de identidad o mecanismos cibernéticos.
La nueva legislación modifica los artículos 220 y 221 del Código Penal y establece penas de prisión de tres a seis años para quienes procuren, para sí o para terceros, un provecho ilícito en perjuicio de otra persona.
Las condenas podrán incrementarse hasta en un tercio cuando el delito se cometa abusando de relaciones personales o profesionales, utilizando plataformas digitales o sistemas informáticos, o mediante la suplantación de identidad. También se aplicarán agravantes cuando el perjuicio económico oscile entre $50,000 y $100,000.
La ley incorpora además un tratamiento especial para los casos en que las víctimas sean entidades públicas o instituciones de beneficencia, incluso cuando las pérdidas económicas no superen los $10,000, reflejando la preocupación oficial por el impacto del fraude sobre recursos estatales y fondos sociales.
La aprobación de la reforma ocurre en medio de un aumento sostenido de denuncias relacionadas con estafas electrónicas, fraudes bancarios y delitos cometidos a través de plataformas digitales, una tendencia que ha obligado a varios países de la región a modernizar sus legislaciones penales frente al crecimiento del crimen financiero en línea.