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Ciudad de Panamá, 29 de julio 2026. Mientras las exportaciones panameñas de desechos metálicos continúan creciendo y consolidándose como un negocio millonario, el Gobierno ha decidido imponer el régimen de fiscalización más estricto que haya enfrentado la industria del reciclaje. Las empresas que incumplan la nueva normativa podrán recibir multas de hasta 150,000 dólares, perder su autorización para operar e incluso enfrentar el decomiso de su mercancía.
La medida está contenida en la Ley 542, promulgada el 7 de julio de 2026, que establece por primera vez un marco regulatorio específico para la recolección, procesamiento y exportación de materiales reciclables ferrosos y no ferrosos, entre ellos acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, bronce y latón. La legislación busca poner fin a años de informalidad en un sector que ha incrementado su peso dentro del comercio exterior panameño.
Las cifras reflejan la dimensión del negocio. Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de desechos de acero, cobre y aluminio alcanzaron 31.6 millones de dólares, por encima de los 30.9 millones registrados durante el mismo período de 2025. Aunque el crecimiento fue moderado, confirma la estabilidad de una actividad que abastece de materia prima a importantes centros industriales en Asia. Ley en Gaceta Aquí.
El Ministerio de Ambiente será el principal responsable de aplicar las sanciones, en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Ministerio de Salud, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y los municipios. El objetivo es garantizar la trazabilidad de los materiales y evitar que desechos peligrosos o de origen ilícito ingresen a la cadena de exportación.
Las sanciones no recaerán sobre todas las empresas exportadoras, sino sobre aquellas que operen sin registro, no puedan demostrar el origen legal de los materiales, incumplan las normas ambientales o intenten exportar mercancía contaminada o sin las certificaciones técnicas exigidas.
Dependiendo de la gravedad de la infracción, además de las multas económicas, las autoridades podrán suspender o cancelar los registros, inhabilitar a las empresas hasta por cinco años y ordenar el decomiso de los cargamentos.
La nueva regulación responde a una preocupación creciente por la falta de controles en un mercado donde confluyen intereses ambientales, comerciales y de seguridad. Durante años, las autoridades enfrentaron dificultades para verificar el origen de la chatarra y asegurar que los materiales almacenados y exportados cumplieran con las normas sanitarias y ambientales.
Gran parte de estos envíos tiene como destino fundidoras y plantas de reciclaje de Taiwán, India, China y Tailandia, donde la chatarra panameña es transformada en acero y otros insumos para la industria manufacturera. Con la nueva ley, Panamá busca mantener abierto ese mercado internacional, pero bajo estándares más rigurosos de transparencia, sostenibilidad y control.
La apuesta del Gobierno es clara: preservar un negocio que mueve decenas de millones de dólares al año sin sacrificar la protección ambiental ni permitir que la informalidad continúe siendo parte de una industria cada vez más estratégica para la economía circular.