Ciudad de Panamá, 29 de julio 2026. Mientras las exportaciones panameñas de desechos metálicos continúan creciendo y consolidándose como un negocio millonario, el Gobierno ha decidido imponer el régimen de fiscalización más estricto que haya enfrentado la industria del reciclaje. Las empresas que incumplan la nueva normativa podrán recibir multas de hasta 150,000 dólares, perder su autorización para operar e incluso enfrentar el decomiso de su mercancía.
La medida está contenida en la Ley 542, promulgada el 7 de julio de 2026, que establece por primera vez un marco regulatorio específico para la recolección, procesamiento y exportación de materiales reciclables ferrosos y no ferrosos, entre ellos acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, bronce y latón. La legislación busca poner fin a años de informalidad en un sector que ha incrementado su peso dentro del comercio exterior panameño.