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El contralor general de la República, Anel Flores, manifestó su preocupación ante el evidente atraso que presenta el proyecto de construcción y rehabilitación de calles en el corregimiento de El Chorrillo. Durante una inspección técnica realizada por la [Contraloría General de la República](https://www.contraloria.gob.pa/comunicados/contralor-expresa-preocupacion-por-atraso-de-obra-vial-en-el-chorrillo), se constató que la obra ha superado el cronograma establecido inicialmente, manteniendo trabajos pendientes que afectan la movilidad y la calidad de vida de los residentes del sector.
La situación se agrava debido a que el mal estado de la infraestructura vial está provocando daños constantes en los vehículos de los ciudadanos que transitan diariamente por la zona, un hecho que el contralor calificó como un impacto directo de la ineficiencia en la ejecución de los proyectos públicos. Según las autoridades, este escenario subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de control para asegurar que los contratistas cumplan estrictamente con los compromisos adquiridos con el Estado.
El contralor enfatizó que la administración no puede normalizar la extensión recurrente de contratos mediante adendas de tiempo, una práctica que, a su juicio, pone en riesgo la eficiencia de la inversión pública y el uso adecuado de los recursos estatales, pudiendo derivar en sobrecostos innecesarios. Maxwell De Obaldía, director nacional de Ingeniería de la institución, detalló que el contrato original, que abarcaba la avenida A y diversas conexiones aledañas, tenía un plazo de ejecución de casi tres años con una fecha de culminación prevista para marzo de 2026.
Al encontrarse el contrato vencido desde dicha fecha, la Contraloría mantiene bajo revisión una solicitud de adenda que contempla una extensión de 11 meses adicionales, además de la inclusión de una nueva área de trabajo en el corregimiento de Santa Ana. Ante esta solicitud, la entidad ha establecido una postura firme: no se autorizará ninguna intervención en las nuevas zonas propuestas hasta que el contratista no haya finalizado la totalidad de los trabajos pendientes en El Chorrillo.
Como medida inmediata, la Contraloría ha solicitado al contratista el refuerzo de sus cuadrillas para acelerar el ritmo de obra. Asimismo, se ha determinado incrementar la frecuencia de las inspecciones y el seguimiento técnico del proyecto para garantizar su finalización en los nuevos plazos que se acuerden.
La institución también ha iniciado un proceso de diálogo con la empresa contratista y la aseguradora correspondiente para evaluar las soluciones frente al incumplimiento detectado. El contralor Flores advirtió que, de no obtenerse respuestas satisfactorias que aseguren la culminación de la obra, la Contraloría procederá con las medidas legales que correspondan.
Este caso ilustra los desafíos que enfrenta la gestión de infraestructura pública en Panamá, donde la supervisión constante se vuelve fundamental para evitar que los retrasos se conviertan en una carga financiera y social para la población. La vigilancia sobre el uso de adendas y el cumplimiento de los contratos de obra pública se perfila como un eje central en la estrategia de la actual administración para optimizar el gasto y mejorar la infraestructura urbana.
La ciudadanía, por su parte, mantiene la expectativa de contar con vías en condiciones adecuadas, un objetivo que depende directamente de la capacidad del Estado para exigir resultados tangibles y oportunos a sus contratistas. La resolución de este conflicto en El Chorrillo servirá como un indicador sobre la eficacia de los nuevos controles implementados por la Contraloría en la gestión de proyectos de infraestructura vial a nivel nacional.