El aumento sostenido de embarcaciones con bandera de Panamá retenidas en puertos de China está elevando tensiones más allá del ámbito marítimo, en un episodio que mezcla controles técnicos con señales de fricción geopolítica.
Datos del Tokyo MOU muestran que entre el 1 y el 7 de abril, 15 de los 20 buques detenidos en terminales chinas operaban bajo pabellón panameño. La mayoría corresponde a graneleros, además de portacontenedores y transportadores de vehículos, retenidos en una red de puertos que incluye Shanghái, Ningbo y Guangzhou.
La tendencia no es nueva, pero sí acelerada. En enero se registraron 23 detenciones de buques panameños en China; en febrero, 20; y en marzo la cifra se disparó a 93, un salto de más del 300% que ha encendido alertas en la industria marítima.
Autoridades chinas atribuyen las retenciones a fallas técnicas, desde deficiencias en sistemas contra incendios hasta incumplimientos en protocolos de seguridad y salvamento. Sin embargo, el contexto político ha complicado la lectura de los hechos.
El incremento coincide con las tensiones derivadas del fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló el contrato de la empresa CK Hutchison, operadora de puertos estratégicos en el istmo. La decisión provocó advertencias de represalias por parte de Pekín, alimentando la percepción de que las inspecciones podrían ir más allá de lo estrictamente técnico.
Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio calificó las acciones como una amenaza al comercio global, advirtiendo que obstaculizar buques en operaciones legítimas podría desestabilizar cadenas de suministro y elevar costos en mercados ya presionados.
Para Panamá, cuyo registro marítimo es uno de los más grandes del mundo, la situación plantea un desafío doble: sostener la credibilidad de su flota bajo estándares internacionales y navegar una creciente disputa entre potencias que ahora se traslada al tráfico marítimo.