Ciudad de Panamá, abril de 2026. El Gobierno avanza en una estrategia para dinamizar la economía a través de la ejecución de infraestructura, apoyado en un nuevo mecanismo financiero estructurado por B/.600 millones presentado por la Caja de Ahorros al Consejo de Gabinete, con el objetivo de resolver atrasos en pagos a proveedores y acelerar proyectos públicos.
El gerente general de la entidad, Andrés Farrugia, explicó que el instrumento busca inyectar liquidez inmediata a contratistas del Estado, reduciendo uno de los principales cuellos de botella del sector construcción: la incertidumbre en los tiempos de pago.
La iniciativa forma parte del plan quinquenal del banco estatal y se apoya en una estructura financiera que permite adelantar pagos a proveedores, facilitando la continuidad de obras y evitando sobrecostos derivados de retrasos administrativos.
Liquidez para destrabar la economía
El esquema financiero no solo contempla los B/.600 millones iniciales, sino que tiene capacidad de escalar hasta B/.3,000 millones, lo que lo convierte en una herramienta de alto impacto para el flujo de caja del sector público y privado vinculado a la obra estatal.
Según Farrugia, garantizar fechas claras de pago tiene efectos directos sobre los costos de los proyectos. “Cuando un proveedor tiene certeza sobre cuándo cobrará, no necesita trasladar ese riesgo al precio de la obra”, explicó, subrayando que esto puede traducirse en ahorros significativos para el Estado.
Impacto en infraestructura y construcción
El mecanismo ya está vinculado al financiamiento de más de 30 proyectos de infraestructura previstos para 2026, principalmente en el sector vial, lo que refuerza el rol de la inversión pública como motor contracíclico de la economía.
En términos agregados, el programa acumula aprobaciones por cerca de B/.1,400 millones con distintas entidades estatales, destacando el Ministerio de Obras Públicas como el principal receptor de estos recursos.
Le siguen instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, lo que refleja un alcance transversal en la ejecución del gasto público.
Desembolsos en marcha
De ese total, alrededor de B/.260 millones ya han sido aprobados y parcialmente desembolsados solo para proyectos del Ministerio de Obras Públicas, abarcando múltiples contratos y obras distribuidas en todo el país.
Estos recursos son canalizados a través del segmento de banca comercial de la Caja de Ahorros, bajo condiciones financieras competitivas, lo que también fortalece el rol del banco estatal como actor clave en la intermediación financiera del sector público.
Solución a un problema estructural
El atraso en pagos a proveedores ha sido históricamente uno de los principales factores que afectan la ejecución de obras públicas en Panamá, generando paralizaciones, litigios y encarecimiento de proyectos.
Con este mecanismo, el Gobierno busca atacar directamente ese problema estructural, alineando la ejecución presupuestaria con herramientas financieras que permitan mayor eficiencia en el gasto.
Caso emblemático: Ciudad de la Salud
Farrugia citó como ejemplo la experiencia en el financiamiento de la Ciudad de la Salud, donde la Caja de Ahorros jugó un papel determinante en la movilización de recursos hacia la Caja de Seguro Social, permitiendo avanzar en uno de los proyectos hospitalarios más importantes del país.
Este antecedente respalda la viabilidad del modelo, especialmente en proyectos de gran escala que requieren flujos financieros constantes y previsibles.
Articulación con banca internacional
El esquema también contempla alianzas con entidades bancarias internacionales, lo que amplía la capacidad de fondeo y diversifica las fuentes de financiamiento, reduciendo riesgos y mejorando condiciones para los beneficiarios.
Esta articulación es clave en un contexto donde las condiciones financieras globales tienden a endurecerse, lo que hace más relevante el acceso a instrumentos flexibles y eficientes.
Efecto multiplicador en la economía
Desde una perspectiva macroeconómica, la inyección de liquidez al sector construcción tiene un efecto multiplicador significativo, dado su impacto en empleo, demanda de insumos y encadenamientos productivos.
El fortalecimiento de la inversión pública, acompañado de mecanismos que mejoren su ejecución, podría convertirse en un factor clave para sostener el crecimiento económico en el corto y mediano plazo.
Mayor competitividad y eficiencia fiscal
Además de acelerar obras, el mecanismo introduce mayor previsibilidad en la relación Estado-proveedor, lo que podría traducirse en procesos de contratación más competitivos y eficientes.
Al reducir el riesgo financiero percibido por los contratistas, el Estado también mejora su posición para negociar mejores condiciones en futuros proyectos.
Una apuesta por modernizar la gestión pública
En conjunto, esta iniciativa refleja un cambio en la forma en que el Estado gestiona la ejecución de infraestructura, incorporando herramientas financieras más sofisticadas para optimizar el uso de recursos.
En un entorno económico desafiante, marcado por restricciones fiscales y necesidades de inversión, este tipo de instrumentos podría marcar la diferencia entre proyectos paralizados y obras efectivamente concluidas.