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La discusión del proyecto de ley 713 en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional ha puesto sobre la mesa una diferencia tributaria que Airbnb considera injustificada: mientras los hoteles están sujetos a un impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS) del 10%, el artículo 30 de la iniciativa establece una tarifa del 15% para los alojamientos de corta estancia.
La plataforma solicitó a los diputados eliminar esa disposición y mantener una tasa uniforme del 10% para las distintas modalidades de hospedaje turístico. A su juicio, la diferencia crearía condiciones desiguales de competencia y elevaría la carga fiscal para quienes alquilan sus propiedades como fuente de ingresos.
El planteamiento de Airbnb introduce una discusión que va más allá de cinco puntos porcentuales de diferencia tributaria: cómo regular un mercado de alojamiento que convive con la hotelería tradicional y que representa una alternativa de ingresos para propietarios de viviendas.
“Reiteramos nuestro respetuoso llamado a los Honorables Diputados para eliminar el Artículo 30 y mantener una tarifa uniforme del 10% para los distintos tipos de hospedaje”, señaló Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas y Comunicaciones de Airbnb para Centroamérica.
La empresa afirmó que entregó a los integrantes de la Comisión de Comercio argumentos, tanto en formato físico como digital, contra la disposición. Entre sus objeciones figura la técnica legislativa utilizada, pues considera inadecuado modificar el Código Fiscal mediante una iniciativa cuyo objetivo principal no es regular los alojamientos de corta estancia.
Airbnb sostiene que está dispuesta a tributar bajo reglas claras y equitativas, y manifestó su apertura a dialogar con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Asamblea Nacional.
La controversia plantea un desafío para los legisladores: definir cómo incorporar los alquileres turísticos al marco fiscal sin generar diferencias de trato entre modalidades de hospedaje. Sin embargo, la petición de Airbnb representa la posición de la empresa y no resuelve, por sí sola, el debate sobre las obligaciones tributarias que deben asumir los distintos actores del sector.
La decisión sobre el artículo 30 determinará si la iniciativa mantiene la tarifa diferenciada o avanza hacia una tasa común. En esa discusión, el reto será encontrar un equilibrio entre la recaudación fiscal, la competencia y la necesidad de reglas claras para todos los participantes del mercado turístico panameño.