Servicios INTL, 6 de julio 2026. En una ladera silenciosa del cementerio La Esperanza, a una hora de La Guaira, el sonido de las retroexcavadoras no se detiene. Desde hace más de diez días, las máquinas abren largas zanjas sobre la tierra desnuda para recibir a miles de víctimas del terremoto del 24 de junio, una escena que resume mejor que cualquier cifra la dimensión de una de las peores tragedias recientes del país.

No es una fosa común en el sentido tradicional. Cada sepultura está marcada con una cruz, piedras blancas y un código que identifica el cuerpo y lo vincula a un expediente, fotografías y un registro oficial. Sin embargo, el crecimiento acelerado de este cementerio de emergencia evidencia que la capacidad del Estado ha sido sobrepasada por la magnitud del desastre. Video de fosas Aquí

“Esto no es un desorden. No los tenemos como perros o como basura que se amontona. Cada uno de ellos tiene una sepultura digna”, afirma Eli Zabala, el funcionario municipal encargado de coordinar las inhumaciones.

El flujo de cuerpos no se ha detenido. Camiones frigoríficos y ambulancias recorren sin descanso el camino hacia el camposanto. Hasta la mañana del lunes habían sido sepultadas 253 personas, de las cuales 159 permanecen sin identificar. Las zanjas habilitadas podrían albergar entre 2.000 y 3.000 ataúdes más, mientras las autoridades ya evalúan abrir una nueva terraza para ampliar la capacidad del cementerio.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que dio instrucciones expresas para impedir entierros masivos sin identificación. “Nadie va a fosa común”, declaró días atrás. En las primeras filas de cruces ya aparecen pequeñas flores de plástico, placas numeradas y algunas lápidas improvisadas. Varias cruces conservan únicamente la inscripción “identificación especial”, esperando que algún familiar logre reconocer a quien yace debajo.

La respuesta oficial continúa bajo intenso escrutinio. Durante una reciente comparecencia, corresponsales internacionales cuestionaron la lentitud del operativo durante las primeras 72 horas posteriores al sismo, cuando vecinos denunciaron la ausencia de maquinaria, equipos de rescate e incluso materiales básicos para registrar los cuerpos recuperados entre los escombros. Rodríguez rechazó los señalamientos, calificó las críticas como parte de un “laboratorio mediático” y defendió que el despliegue gubernamental pasó de 4.000 efectivos el primer día a cerca de 19.000 en la actualidad.

Pero entre cientos de cruces idénticas hay una que rompe la uniformidad del paisaje. Lleva la fotografía de Yonhatan Calderón, un adolescente de 13 años que murió nueve días después del terremoto. Su rostro sonriente contrasta con la inmensidad del cementerio improvisado y recuerda que, detrás de cada código, cada cruz y cada número, hay una historia que el desastre interrumpió para siempre.

Mientras continúan las labores de rescate y las excavadoras siguen abriendo nuevas zanjas, el cementerio La Esperanza deja de ser solo un lugar para los muertos y se convierte en el testimonio más contundente del costo humano de una tragedia cuya verdadera dimensión aún sigue emergiendo de entre los escombros.