Cuidad de Panamá, 5 de mayo 2026. El Gobierno revisa el cobro del 2% asociado al impuesto de transferencia de bienes inmuebles (IBI) para viviendas nuevas, una medida que, según el ministro de Vivienda, Jaime Jované, podría eliminarse si se redefine el concepto legal de estas operaciones como registros iniciales y no como transferencias.
La discusión se produce en medio de presiones crecientes sobre el acceso a la vivienda, donde el desajuste entre salarios y precios obliga a replantear el alcance de la ley de interés preferencial. “El salario tiene que permitir ubicar una vivienda acorde”, dijo el ministro, reconociendo que el modelo actual enfrenta límites estructurales.
El esquema de interés preferencial —un subsidio estatal que cubre parte de los intereses hipotecarios— es, en esencia, una herramienta fiscal. Pero su sostenibilidad está en cuestión. El Estado mantiene una deuda acumulada cercana a los 200 millones de dólares con el sistema bancario por subsidios no pagados en años anteriores, una carga que la actual administración ha empezado a saldar parcialmente.
“La otra parte la cubre el Estado, y tiene que pagarla a tiempo”, señaló Jované, subrayando la necesidad de disciplina fiscal para sostener el programa.
En paralelo, el ministerio participa en una mesa técnica con el Ministerio de Economía y Finanzas, encabezado por Felipe Chapman, para revisar tanto el subsidio como la carga impositiva sobre la vivienda nueva. El punto más controvertido es el 2% del IPI, históricamente exonerado en ciertos casos, pero ahora percibido por el sector como un costo adicional que encarece las hipotecas.
El ministro Jované, dijo en una entrevista a una televisora local, que aplicar este impuesto a viviendas nuevas es conceptualmente incorrecto. “No es una transferencia; es el registro de una propiedad que no existía”, argumentó. Bajo esa lógica, su eliminación permanente podría incentivar la construcción, reducir costos y estimular el empleo en el sector.
El ministro también defendió que, aunque el impuesto representa un gasto para promotores e inversionistas, este es deducible del impuesto sobre la renta, lo que matiza su impacto. Aun así, reconoció que el tema sigue abierto y será objeto de negociación en las próximas semanas.
Más allá del debate fiscal, el fondo del problema sigue siendo el mismo: cómo producir viviendas asequibles en un mercado tensionado por costos crecientes y salarios limitados. “Es un reto de ambas partes”, dijo Jované, aludiendo tanto al sector público como a las constructoras.
La revisión de la ley de interés preferencial podría convertirse en una de las decisiones económicas más sensibles del año, en un país donde la vivienda sigue siendo uno de los principales motores de empleo y crecimiento.