Ciudad de Panamá, 30 de abril 2026. El presidente José Raúl Mulino anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional de Panamá del 4 de mayo al 4 de junio, con un único objetivo: debatir y aprobar el proyecto de ley de Sustancia Económica, pieza clave en la estrategia del país para salir de listas grises fiscales.
La iniciativa busca alinear a Panamá con las exigencias internacionales en materia de transparencia tributaria, en particular las impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos bajo el marco contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS). Estas normas apuntan a evitar que empresas trasladen utilidades a jurisdicciones con baja o nula tributación sin tener actividad real.
El proyecto establece que las empresas con rentas pasivas de fuente extranjera —como dividendos, intereses, regalías o ganancias de capital— deberán demostrar presencia económica efectiva en el país, incluyendo personal, oficinas y gastos operativos. De no cumplir, podrían enfrentar sanciones, multas o la recalificación fiscal de sus ingresos.
A partir de 2026, la normativa introduciría requisitos más estrictos para grupos multinacionales, obligándolos a presentar declaraciones juradas anuales y mantener documentación que respalde su actividad real. Además, contempla una regla general antiabuso que permitiría gravar ingresos pasivos si no se demuestra la sustancia económica correspondiente.
Especialistas coinciden en que este tipo de legislación se ha vuelto estándar en centros financieros internacionales como Islas Vírgenes Británicas, en respuesta a la presión de organismos multilaterales y bloques como la Unión Europea.
Panamá ha enfrentado en la última década un escrutinio constante sobre su sistema fiscal. Tras episodios como la inclusión en listas discriminatorias y las reformas posteriores en materia de intercambio de información y regulación financiera, el país busca consolidar su reputación como jurisdicción transparente y cooperante.
Mulino ha señalado que la aprobación de esta ley es un paso determinante para lograr la exclusión de Panamá de las listas grises europeas, una meta que el gobierno espera alcanzar en octubre próximo. Para ello, instruyó al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a coordinar consultas con los sectores involucrados y asegurar el avance del proyecto.
La discusión legislativa se perfila como un momento decisivo para el modelo financiero panameño, en el que se busca equilibrar su atractivo como centro de negocios con las crecientes demandas de transparencia global.