Ciudad de Panamá, 11 de agosto 2026. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Manuel Cohen Salerno, pidió al Órgano Ejecutivo reconsiderar la asignación presupuestaria propuesta para el Legislativo en 2027, al considerar que los recursos previstos —cercanos a los $100 millones— son insuficientes para cubrir las funciones de la institución.

Cohen defendió el manejo financiero de la Asamblea y sostuvo que el presupuesto que históricamente ha administrado el Legislativo ronda los $160 millones anuales, una cifra que, según explicó, no está destinada exclusivamente al pago de salarios, sino también a inversiones, mantenimiento y otras obligaciones institucionales.

“Todos los años somos sujetos de críticas”, señaló Cohen, al cuestionar que la Asamblea tenga que recurrir posteriormente a traslados de partidas para cubrir necesidades que, a su juicio, deberían estar contempladas desde la aprobación inicial del presupuesto.

Entre los gastos que mencionó figura el mantenimiento del edificio y las funciones vinculadas al Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que representan alrededor de $1.2 millones, según sus declaraciones.

El diputado afirmó que la Asamblea ha aplicado recortes en administraciones anteriores y que durante la actual presidencia de Shirley Castañeda también se han reducido algunos gastos.

Cohen insistió en que el Legislativo necesita contar con un presupuesto que refleje de manera realista sus obligaciones para evitar ajustes posteriores y permitir una planificación financiera más estable.

El debate sobre las obras en los circuitos

El primer vicepresidente también se refirió a las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea que se encuentran en discusión en el pleno, particularmente a la posibilidad de que los diputados gestionen obras para sus circuitos.

Cohen sostuvo que esa práctica ha existido históricamente y defendió el papel de los diputados como intermediarios entre las comunidades y el Gobierno central.

Según explicó, los diputados reciben solicitudes de los ciudadanos y trasladan esas necesidades a las instituciones correspondientes, pero no administran directamente los recursos destinados a las obras.

El diputado rechazó que la reforma represente un regreso de las llamadas partidas circuitales.

“No somos entes manejadores”, afirmó, al insistir en que la función de los diputados es gestionar e informar al Gobierno sobre las necesidades de sus comunidades.

El reclamo presupuestario ocurre mientras el proyecto de presupuesto de 2027 avanza por el proceso de discusión y modificación. La disputa no es solamente por una cifra: también pone nuevamente bajo escrutinio cuánto dinero necesita el Legislativo para funcionar y cuánto está dispuesto el Ejecutivo a asignarle.

En Panamá, donde cada dólar del presupuesto público compite con necesidades de salud, educación, infraestructura y seguridad, la discusión sobre los recursos de la Asamblea terminará siendo también una discusión sobre cuánto cuesta ejercer el poder político. Con información: Gustavo Aparicio.