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Ciudad de Panamá,, 4 de agosto 2026. Las empresas distribuidoras de electricidad enfrentarían un marco regulatorio más estricto en Panamá, con multas de hasta B/.20 millones y la posibilidad de ser intervenidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) cuando incumplan con la calidad del servicio o sus obligaciones contractuales.
El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que reforma la legislación eléctrica de 1997 con el objetivo de responder a las persistentes quejas de los usuarios por apagones, fluctuaciones de voltaje, daños a electrodomésticos y demoras en la atención de reclamos.
La iniciativa fortalece las facultades de la ASEP para intervenir temporalmente a las empresas distribuidoras mientras se corrigen las deficiencias detectadas o se resuelve la situación administrativa de una concesión. El interventor será independiente de la empresa y sus costos serán asumidos por la propia concesionaria.
El proyecto también endurece el régimen sancionatorio al elevar las multas hasta B/.20 millones por violaciones a la ley o a los contratos de concesión. Además, establece mayores obligaciones de transparencia, plazos definidos para responder reclamaciones y mecanismos para compensar a los clientes cuando no se cumplan los estándares de calidad.
Como parte de la modernización del sistema, la propuesta incorpora la adopción de redes inteligentes, mejoras en la medición del consumo y nuevos compromisos de inversión. También convierte la electrificación de zonas rurales sin servicio en una obligación de las distribuidoras, una medida que, según la administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez, permitiría llevar electricidad a unas 150 mil familias que hoy permanecen desconectadas.
La reforma será enviada a la Asamblea Nacional para su discusión. Si es aprobada, representará uno de los cambios regulatorios más profundos del sector eléctrico en casi tres décadas, al reforzar las herramientas del Estado para exigir un servicio más confiable y una mayor protección para los consumidores.
