Ciiudad de Panamá, 4 de agosto 2026. La falta de herramientas tecnológicas para revisar más de 24 mil declaraciones juradas de intereses de funcionarios públicos podría estar debilitando uno de los principales mecanismos de prevención de la corrupción en Panamá.

Transparencia Internacional advirtió que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) no cuenta con la capacidad tecnológica necesaria para procesar y analizar esa información, una limitación que, según la organización, dificulta detectar oportunamente posibles conflictos de interés y reduce la efectividad de los controles sobre las contrataciones del Estado.

Los casos recientes de presuntos conflictos de interés en la administración pública no representan episodios aislados, sino síntomas de una debilidad institucional que Panamá aún no ha logrado corregir. Esa es la advertencia del capítulo panameño de Transparencia Internacional, que pidió al Estado priorizar la prevención antes que las respuestas reactivas cuando las controversias ya ocupan la agenda pública.

En un comunicado divulgado este lunes, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana sostuvo que situaciones vinculadas a decisiones sobre bioetanol, misiones comerciales y actuaciones de altos funcionarios, entre ellos los ministros de Salud y de Obras Públicas, evidencian la necesidad de aplicar con mayor rigor la Ley 316 de 2022 sobre conflictos de interés.

“La prevención —basada en máxima publicidad, control social y estándares elevados de conducta pública— sigue siendo una tarea pendiente”, señaló la organización, que considera que la transparencia debe convertirse en un mecanismo permanente de control y no en una reacción frente a las denuncias.

El pronunciamiento dedica especial atención al caso del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, quien, según una investigación periodística, habría participado como contratista en una obra cuyo costo fue posteriormente incrementado bajo su gestión al frente del ministerio. Para Transparencia Internacional, el hecho de que el funcionario pasara de contratista del Estado a responsable de supervisar el mismo proyecto plantea interrogantes sobre la aplicación efectiva de la legislación vigente.

La organización también cuestionó que el ministro admitiera públicamente no haber presentado la declaración de intereses requerida por desconocer la obligación legal. A juicio del organismo, ese argumento revela no solo un posible incumplimiento individual, sino también fallas en los mecanismos institucionales de control y cumplimiento.

El caso fue remitido recientemente a la Corte Suprema de Justicia por la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Sheyla Castillo de Arias, tras una solicitud presentada por el exdiputado Juan Diego Vásquez. Para la organización, este proceso marcará una prueba decisiva para la Ley 316 de 2022 y para la capacidad del sistema institucional de hacerla cumplir.

Transparencia Internacional recordó que esa legislación obliga a los funcionarios a presentar declaraciones juradas de intereses y contempla la nulidad de actos administrativos cuando se compruebe un conflicto de interés. Sin embargo, advirtió que durante el trámite legislativo se eliminó el carácter público de esas declaraciones, reduciendo la capacidad de vigilancia ciudadana y debilitando uno de los principales instrumentos preventivos de la norma.

La organización también alertó que la Antai carece de herramientas tecnológicas para procesar y analizar las más de 24 mil declaraciones de intereses presentadas por servidores públicos. Esa limitación, sostuvo, dificulta identificar riesgos de manera oportuna y resta eficacia a los controles sobre las contrataciones estatales.

Más que endurecer las sanciones, el capítulo panameño de Transparencia Internacional sostiene que el desafío consiste en construir instituciones capaces de detectar y evitar los conflictos de interés antes de que comprometan la confianza pública. “La prevención es la clave contra los conflictos de intereses”, concluyó el organismo al instar a fortalecer la voluntad política y los mecanismos de transparencia en la gestión pública.